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Lo que dicen los partidos sobre…

Aumentar el parque residencial e impulsar la cesión de viviendas particulares al Incasòl para que pueda implementar un alquiler social. Ofrecer préstamos para que los jóvenes puedan pagar la entrada y la fianza de un piso.

Incrementar hasta las 1.500 las viviendas protegidas hechas por la Generalitat anualmente. Líneas de financiación pública para promotores privados que hagan vivienda protegida de alquiler. Flexibilizar los usos de las plantas bajas para hacer vivienda. Combatir las mafias de ocupación ilegal de viviendas.

Incrementar el presupuesto de las políticas de vivienda hasta el 0,4% del PIB (1.000 millones de euros al año). Conseguir un 15% de vivienda pública en 20 años en los municipios con demanda. Impulsar el Observatorio de la Vivienda.

Poner en marcha el Servicio Catalán de la Vivienda. Mejorar el índice de referencia de precios de alquiler. Aprobar un Plan de Barrios con el dinero de los fondos europeos de reconstrucción.

Incrementar el porcentaje del PIB que se destina a materia de vivienda hasta el 1,5% que recomienda la UE. Incrementar el parque público de vivienda e instar al gobierno del Estado a regular el precio del alquiler.

Aumento del parque público de vivienda concertada o de alquiler para rentas medias o bajas, un plan de acceso a la vivienda para jóvenes y un diálogo con los bancos para poner en el mercado las viviendas vacías. También se comprometen a echar a los ocupas en 24 horas.

Colaboración público-privada para construir vivienda social (cesión de suelo público y entre 40 y 50 años de concesión). Castigar la ocupación de las viviendas con penas de prisión. Incrementar los convenios con la Sareb para la cesión de pisos vacíos que tiene en Catalunya.

Incrementar el parque público de vivienda hasta situarlo en el 12% del total, aplicar la ley del alquiler, expropiar pisos en manos de fondos buitre y grandes tenedores y defender políticamente que sean ocupados, y parar todos los desahucios.

Bajar 2,5 puntos el IRPF a las rentas de hasta 12.450 €. Rebajar un 7% el impuesto de transmisiones patrimoniales y eliminar el de sucesiones. Racionalizar las tasas propias aprobadas "por el Procés".

Una fiscalidad para los autónomos y emprendedores en función de su ritmo de actividad. Regular la fiscalidad de los nuevos canales de venta, sobre todo de las plataformas con sede fiscal fuera del Estado. Estímulos fiscales para los proyectos de I+D+I de las empresas y para el mecenazgo cultural.

Impuesto al comercio electrónico, el carbono y aumentar la tributación del juego en línea. Deducción del IRPF para "favorecer la captación de talento". Aumentar un 150% el personal de la Agencia Tributaria de Catalunya.

Un nuevo modelo de financiación: la hacienda federal. Aumentar la participación de las autonomías en el paquete de IRPF, IVA, impuestos especiales y nuevos impuestos. Crear el Consorcio Tributario de Catalunya entre la Agencia Tributaria del gobierno central y la Generalitat de Catalunya.

Proponen modificar impuestos como el de viviendas vacías, sucesiones y patrimonio para aumentar la progresividad. En el último caso, apuestan por situar el mínimo exento en los 350.000 euros.

Rebaja generalizada de impuestos. Reducción de los tramos más bajos del IRPF; bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y homogeneizar patrimonio. Supresión de impuestos medioambientales y otros como el de bebidas azucaradas.

Bonificar el 99% del impuesto de sucesiones y donaciones a los hijos. Eliminar el impuesto de patrimonio. Reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales o introducir deducciones. Pedir al Estado la cesión del impuesto de sociedades para ampliar las deducciones por reinversión del beneficio en investigación.

Crear un nuevo impuesto temporal para paliar los efectos del covid-19, para el 1% más rico, modificar el IRPF a un tipo único del 49% o establecer bonificaciones en el impuesto de sucesiones solo para herencias inferiores a 200.000 euros.

Escuela trilingüe donde el catalán y el castellano estén en igualdad. Hacer gratuitas las guarderías. Crear un MIR para los docentes. Reducir la tasa de interinidad por debajo del 8%. Dotar al alumnado de tablets.

Gasto educativo en el 6% del PIB. Avanzar hacia la universalización de los 0-3 años. Asegurar que todos los alumnos tengan dispositivos electrónicos. Sistema de becas salario para los jóvenes de 16-18 años de hogares desfavorecidos. Luchar contra el absentismo y el abandono escolar.

Fortalecer el modelo de inmersión lingüística aprovechando "la fuerza" en el Congreso. Plan de educación digital 2020-2023 y velar por una escuela inclusiva que garantice el éxito. Plan de choque contra el abandono escolar prematuro.

Pacto social por la educación. Avanzar hacia el 6% de inversión en educación. Recuperar la sexta hora en los centros públicos para compensar las desigualdades educativas, así como la corresponsabilidad del Govern en la financiación de las guarderías. Crear 38.000 nuevas plazas públicas de ciclos de FP. Garantizar el dominio del inglés al terminar la ESO.

Garantizar una educación pública e inclusiva. Avanzar hacia una red única pública y promover que los centros concertados se integren. Defender la inmersión lingüística y revisar el pacto contra la segregación escolar.

Defensa del derecho de los padres a elegir la escuela. Apuesta por la educación pública pero también los conciertos educativos. Un mínimo de un 25% de castellano en las aulas y potenciación del inglés.

Garantizar los conciertos con la escuela concertada. Asegurar el derecho de las familias de que sus hijos reciban clases de religión. Diseñar unas pruebas de selectividad de carácter competencial.

Conseguir que la educación sea 100% pública, gratuita y de acceso universal eliminando las ayudas a la escuela concertada.

Revertir los recortes en sanidad. Una auditoría del sistema de Salud que permita reducir las listas de espera. Reforma integral de la atención primaria. Hacer efectiva la tarjeta sanitaria única.

Creación del departamento de Sanidad Integral y Salud Pública y una Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria que gestionará residencias. 5.000 millones de euros adicionales en el presupuesto en los próximos cinco años. Potenciar la agencia AQUA como evaluadora de las políticas sanitarias.

Asegurar un sistema de salud público, universal y sostenible que garantice la mejor accesibilidad a los servicios y las prestaciones sanitarias. Desplegar una Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria.

Establecer un gasto en Salud del 7% del PIB y destinar el 25% del presupuesto de Salud a la atención primaria. Devolver las retribuciones recortadas a los sanitarios y mejorar las condiciones de los trabajadores MIR y EIR. Coordinar con el resto de las comunidades y el Estado la interoperabilidad de la tarjeta sanitaria.

Fijar en el 7% del PIB el mínimo de inversión en Salud. Se comprometen a aumentar el gasto en salud pública hasta el 3% del presupuesto actual y también que el presupuesto para la atención primaria llegue hasta el 25% del total de Salud. Promover una nueva planificación en los centros para acabar con la explotación laboral, especialmente en los MIR y EIR.

Plan de choque para reducir las listas de espera, reforzar la atención primaria y "dignificar" las condiciones contractuales y retributivas de los profesionales sanitarios.

Concienciar a la ciudadanía del uso responsable de la sanidad pública y comunicar la factura en la sombra de los servicios a los pacientes. Evitar grabar la sanidad privada con impuestos extras, ya que "ayuda a descongestionar" a la pública. Gestionar la sanidad con criterios de expertos. Aumentar el gasto en 5.000 millones de euros en cinco años.

Fortalecer la sanidad pública y elaborar un plan de choque para reducir las listas de espera reabriendo los servicios cerrados y ampliando la plantilla.

Impulsar el Corredor Mediterráneo. Ampliación de la red de metro. Bajar a 20 € el precio de la T-Jove y crear una T-Gran para mayores de 65 años. Liberar las actuales concesiones de peajes.

No renovar los contratos de los peajes e implementar el sistema de viñeta. Potenciar el servicio de Cercanías en Girona, Lleida y Tarragona. Nuevo modelo de gobernanza aeroportuaria. Conectar con fibra óptica todos los municipios de más de 50 habitantes.

Pacto Nacional de Inversión en Infraestructuras de la economía productiva. Modelo de viñeta para las vías de alta capacidad, nuevo plan estratégico para el aeropuerto y exigir al Estado inversiones en Cercanías y Corredor Mediterráneo.

Reclamar la ejecución inmediata del Corredor Mediterráneo. Crear un consorcio Adif-Ifercat y hacer un plan de mejora de las infraestructuras de Renfe.

Plan de reformas en la red de transporte público. Hacer realidad el Corredor Mediterráneo y crear un plan de movilidad para paliar el déficit de infraestructuras para las Terres de l'Ebre, la Catalunya Central y el Alt Pirineo y Aran. Gestión de los puertos y aeropuertos desde Catalunya.

No hay ninguna propuesta, más allá de mejorar la conectividad del aeropuerto del Prat como una propuesta para mejorar el turismo.

Desplegar la red de fibra óptica al 90% de la población catalana. Resolver los cuellos de botella de carretera en diferentes vías. Ampliar las bonificaciones en el peaje de Sant Vicenç de Castellet. Reanudar los proyectos de la L9 y la ampliación de la L3 y la L1.

Nacionalizar las infraestructuras y las redes de comunicación, por su carácter estratégico, suspender los procesos de privatización de infraestructuras en marcha y recuperar las que actualmente están privatizadas.

Recuperar la convivencia. Impedir que los presos y exiliados puedan presentarse a las elecciones. Recuperar el dinero que se destinó al 1-O. Acabar con los 'chiringuitos' nacionalistas.

Si se supera el 50% de los votos independentistas, ratificar todas las resoluciones independentistas, incluida la proclamación de la República en 2017, en el Parlament; abrir un diálogo con el Estado y la UE para el referéndum acordado y, en caso de que no prospere, hacer los preparativos para la DUI.

Fortalecer el independentismo con el objetivo de conseguir un referéndum pactado y la amnistía. Si el Estado mantiene la negativa, 'prepararse' por si hay que decantarse por la unilateralidad y la desobediencia civil.

Hacer una reforma constitucional con espíritu federal una vez superada la polarización actual. Priorizar la cogobernanza, pero también la lealtad institucional. Mejorar el sistema de financiación.

Desarrollar la mesa de diálogo para llegar a un acuerdo que resuelva el conflicto entre Catalunya y el Estado y que vote la ciudadanía. Defienden el referéndum, pero apuestan por avanzar en más autogobierno hasta que no haya una correlación de fuerzas que avale un referéndum pactado. Apuestan por un estado plurinacional.

Ninguna propuesta sobre autogobierno. Apuestan por "normalizar" la presencia del Estado en Catalunya, regular la utilización del espacio público, acabar con la "propaganda partidista con dinero público" y "reconvertir" los medios de comunicación en "plurales".

Referéndum acordado y amnistía. Explorar la reforma de la financiación autonómica para aumentar entre 7.000 y 10.000 millones de euros anuales los recursos de la Generalitat.

Celebrar un referéndum antes de 2025 a través de una hoja de ruta que se plantee la desobediencia civil y la autotutela de derechos para promover una insurrección democrática con una movilización sostenida.

Hacer de Catalunya un territorio de acogida. Plan integral de atención a los refugiados, que incluye techo, búsqueda de empleo y escolarización. Acceso a la información en árabe, rumano, mandarín, italiano y urdu.

Cerrar el Centro de Internamiento de Extranjeros. Garantizar el empadronamiento de las personas migrantes. Potenciar ofertas de catalán gratuito. Adaptar los cementerios a la diversidad religiosa y regular la libertad de culto. Dar visibilidad a personas migrantes con éxito social/profesional. Priorizar la entrada regular y legal de las personas.

Desplegar el Pacto Nacional para la Interculturalidad. Combatir las ideologías que promueven el odio. Reconocer el derecho a voto a toda la ciudadanía. Instar al Estado a derogar la ley de extranjería.

Garantizar los derechos de los inmigrantes. Promover un plan integral contra los extremismos y poner en marcha un Observatorio del Racismo y la Xenofobia.

Cambio en el modelo de acogida y que se garantice el acceso universal a cualquier persona sea cual sea su situación administrativa. Asegurar el empadronamiento "de oficio" de todos. Exigen al Estado derogar la ley de extranjería y cerrar todos los CIE.

Más controles para "detectar guetos" y "amontonamientos en pisos patera" y también garantizar que la inmigración sea legal y "ordenada". Evitar que se haga un uso político de los centros de culto y fomentar la figura de mediadores sociales interculturales.

Facilitar la regularización de las personas que llevan años viviendo en Catalunya sin papeles. La política migratoria del Estado debe intentar reducir la migración económica a través de la cooperación internacional con el país de origen. Facilitar el retorno a quien lo quiera. Cerrar los CIE. Elaborar una ley catalana de extranjería.

Garantizar a toda la población de los Países Catalanes, sin exclusiones ni discriminaciones, el acceso libre y universal a todos los derechos sociales, políticos, económicos y culturales.

Incentivar fiscalmente los edificios con "eficiencia energética". Creación de una red de puntos de recargas eléctrica. Simplificar los trámites administrativos para las energías renovables y el autoconsumo.

Implementar la Agenda 2030. Impuestos medioambientales. Generalizar las zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes.

Ley de territorio por un modelo de utilización del suelo sostenible. Pacto Nacional para la Transición Energética por un modelo energético 100% renovable. Consejería específica para dar respuesta a la emergencia climática.

Elaborar un Nuevo Acuerdo Verde de Catalunya y varios planes para hacer frente al cambio climático. Desarrollar la ley catalana de cambio climático y promover la movilidad sostenible.

Crear una vicepresidencia de transición ecológica. Ampliar el compromiso de reducir los gases de efecto invernadero hasta el 65% en el año 2030 en Catalunya y dotar de presupuesto la ley sobre el cambio climático. Además, también insisten en abandonar proyectos como el BCN World.

Asegurar la trazabilidad de los plásticos y los residuos, mejorar los ecosistemas fluviales y acompañar a los sectores económicos que tengan que hacer una transición para adaptarse a las condiciones derivadas del cambio climático a través el Plan Next Generation de la UE.

Crear un área de Govern de Transición Ecológica. Reformular la Agencia de la Naturaleza dando más peso al territorio en la gobernanza. Impulsar la instalación de puntos de recarga para los vehículos eléctricos. Reducir la dependencia de la energía nuclear.

Recuperar el departamento de Medio Ambiente y dotarlo de los recursos necesarios y una vicepresidencia de este ámbito para trabajar por la transición ecosocial.

Incentivos fiscales para la forestación de municipios. Asegurar que en ninguna parte se tarde más de 30 minutos para acceder a servicios esenciales. Impulsar una Agenda Digital Rural para acabar con la brecha digital.

Mejorar las comunicaciones del mundo rural y duplicar la oferta de transporte público a demanda, en especial zonas poco pobladas. Hacer un programa de acceso a la vivienda en el mundo rural que incluya una convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de obras de rehabilitación. Discriminación positiva en materia fiscal como contraprestación al mantenimiento del territorio.

110 millones de euros entre el 2021 y el 2025 para fomentar la creación de empresas o nuevos modelos de negocio que reviertan en el territorio. Mejorar las conexiones de internet en entornos rurales. Potenciar el teletrabajo.

Aprobar el pacto por el desarrollo rural y contra la despoblación.

Un parque público de vivienda de alquiler accesible y elaborar una ley de equidad territorial que permita el desarrollo sostenible de las áreas rurales.

No hay ninguna propuesta.

Constituir una conferencia de alcaldes y una secretaría en el Govern de mundo rural. Proyecto de ley de desarrollo del mundo rural. Garantizar la conectividad de todo el territorio y la oferta formativa. Fiscalidad "blanda" para las personas que vivan en zonas con riesgo de despoblamiento.

Incentivar dinámicas que favorezcan la redistribución de la población de una manera equilibrada por el territorio.

Ley de garantía al acceso a los suministros básicos para asegurar el pago de la luz, el agua y el gas. Proveer con los recursos suficientes el Fondo de Atención Solidaria de Suministros Básicos.

Desplegar los medios para garantizar el acceso a la energía por parte de los ciudadanos que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, como establece la Ley 24/2015

Desplegar la ley 24/2015 de medidas urgentes sobre la materia, en especial la disposición cuarta, que asume el compromiso de hacer una mejora de la ley para luchar contra la pobreza energética.

En el marco de una red pública para garantizar el derecho a la vivienda, integrar un servicio para luchar contra la pobreza energética.

Desplegar la ley 24/2015 de medidas sobre la emergencia habitacional y dotarla de recursos públicos para aplicarla. Responsabilizar a las compañías suministradoras para garantizar los suministros básicos y condonar las deudas de las familias.

No hablan de pobreza energética y entre las pocas propuestas que hay destaca la de actualizar la cartera de servicios sociales para incorporar nuevos servicios y nuevas prestaciones. También se comprometen a ofrecer una mejor respuesta a la población más vulnerable.

La reducción de la tarifa eléctrica doméstica mediante la propuesta de reducir el IVA de la vivienda habitual.

Prohibición y sanciones efectivas a todas aquellas compañías que corten el suministro a personas económicamente vulnerables y asunción del control público de la energía como del resto de servicios esenciales.

Paga extra a los sanitarios mientras dure la pandemia. Formar a farmacéuticos, odontólogos y que vuelvan a trabajar sanitarios jubilados para aumentar la plantilla que vacuna. Hacer cribajes en las farmacias y en las mutuas.

Comité permanente de expertos que asesore el departamento y diálogo con los sectores. Plan de choque para reactivar la economía. Implementar el testeo masivo aprovechando toda la red sanitaria y de farmacia. Reforzar el uso de las mascarillas FFP2. Uso de la tecnología para acreditar la situación individual libre de covid. Confinamientos descentralizados.

Plan para la reactivación económica. 145 actuaciones específicas con un coste de 31.765 millones de euros. Cinco ejes: economía para la vida, digitalización, transición ecológica, sociedad del conocimiento y transversalidad.

Actualizar los planes de vacunación. Asegurar la capacidad asistencial ante posibles rebrotes o nuevas olas.

Más recursos para el sistema sanitario para hacer frente a la crisis sanitaria, más ayudas para los sectores económicos golpeados por la crisis y planes específicos para sectores como la educación y la cultura.

Más material para proteger a los pacientes y a los profesionales sanitarios. Avanzar el pago de los ERTE y ayudar a las empresas a gestionar los fondos europeos. Un plan de rescate para la hostelería, el turismo y la cultura.

Que el Estado alargue los ERTE hasta finales del 2021. Ayudas a fondo perdido del Estado o, en último término, de la Generalitat a las empresas. Incrementar el diálogo con los sectores a la hora de tomar medidas y hacer un plan para minimizar efectos de las paradas de la actividad por la pandemia. Simplificación administrativa a la hora de pedir ayudas.

Revertir los recortes y la privatización de la sanidad pública, así como dotarse de los recursos privados suficientes hasta que se supere la crisis sanitaria.

Exigir al gobierno que prorrogue los ERTE. Ayudas para complementar el salario de los trabajadores en ERTE. Reformar el SOC. Sistema de incentivos para las empresas que apuesten por la estabilidad laboral.

Reagrupar en un único departamento las políticas de trabajo, empresa y autónomos. Salario Mínimo Interprofesional de 1.200 euros (recomendación). Creación del contrato de incorporación (jóvenes), reinserción (mayores de 50) o relevo (para favorecer la jubilación parcial). Derecho del trabajador a recibir compensación por los gastos derivados del teletrabajo.

Salario mínimo de referencia en 1.250 euros (recomendación, la Generalitat no tiene competencias). Reforzar la Inspección de Trabajo. Impulsar una ley de reforma horaria y presionar para la derogación de las reformas laborales.

Trabajar para reducir el paro hasta alcanzar las tasas de empleo europeas y diseñar un plan para atender a los autónomos afectados por la pandemia.

Nuevo reparto del trabajo mediante la reducción de la jornada laboral sin que repercuta en el sueldo. Fomentar el empleo en sectores clave de la economía verde y regular el derecho a la jubilación anticipada y jubilación parcial.

Luchar para que las empresas que se fueron de Catalunya a raíz del Procés vuelvan, pero no dicen cómo. También proponen crear una Oficina Brexit para atraer inversión que huya del Reino Unido. Reforzarán también la Formación Profesional Dual.

Reforma laboral estatal para hacer prevalecer el convenio sectorial al de empresa. Establecer la mochila austriaca en el Estado. Sistema de indemnizaciones que haga más costoso la extinción laboral a corto plazo. Simplificar las modalidades de contratación. Promover el teletrabajo. Bonificación del 50% en las cotizaciones de los autónomos que contratan al primer trabajador.

Reducción de las jornadas laborales sin reducción de salario, establecimiento de un salario mínimo interprofesional de 1.200 €, el reconocimiento del trabajo de cuidados y un plan de rescate laboral que impida la destrucción de puestos de trabajo viables.

Más inversión en cultura. Creación de un Centro de Alto Rendimiento Artístico. Impulsar que Sant Jordi sea Patrimonio de la UNESCO. Difusión de la historia de Catalunya sin "tergiversaciones nacionalistas".

Destinar el 2% del presupuesto a Cultura. Creación del carné cultural con descuentos para entradas y productos que se podrá desgravar en el tramo autonómico del IRPF. Impulsar el Estatuto del Artista. Ley de mecenazgo.

Plan para la reactivación del sector. Aumentar el gasto en cultura a 200 €/habitante como país, con el compromiso del Govern de aportar un 35%, es decir, 70 €/habitante. Reclamar la rebaja del IVA cultural al 4%.

Plan de choque para la cultura. Garantizar que el presupuesto de cultura llegue al 2% del total y que se ejecute.

Destinar un 2% del presupuesto de la Generalitat a políticas culturales. Defienden la cultura como un bien esencial. Crear una ley de las artes para regular los aspectos formativos y laborales, así como reformar las leyes de patrimonio cultural y cine.

Aumentar el presupuesto destinado a políticas culturales hasta el 1,4%, combatir la precariedad laboral del sector, potenciar Barcelona como co-capital cultural de España y una delegación permanente del Museo del Prado en Catalunya.

Destinar el 2% del presupuesto a Cultura. Conseguir el IVA superreducido en el Estado para la cultura. Ley de mecenazgo con incentivos fiscales.

Reconocer la cultura como bien de primera necesidad, impulsar la renta básica universal para favorecer el consumo cultural y conseguir el objetivo del 2% del presupuesto.

Ley de Derechos Lingüísticos que garantice que los catalanes pueden expresarse en todas las lenguas cooficiales. El conocimiento del catalán no será un requisito indispensable para el acceso a la función pública.

Pacto Nacional para la Lengua para garantizar que se aplica la normativa lingüística y la inmersión en las escuelas. Requisito para los trabajadores de las administraciones del dominio del catalán.

Instar al Estado y a la UE a hacer lenguas oficiales el catalán y el occitano en el Parlamento Europeo. Instar a aprobar una ley de lenguas que las reconozca como lenguas oficiales en todo el Estado.

Adaptar el aprendizaje de lenguas a la realidad sociolingüística del entorno de cada escuela.

Impulsar una disposición adicional en la Constitución que sirva para proteger el catalán como lengua cooficial en el Estado. Uso preferente del catalán en Catalunya como lengua oficial y blindar el modelo de normalización lingüística.

No llevan ninguna propuesta específica al respecto más allá de que se garantice un 25% del castellano en las aulas.

Fomentar el aprendizaje del catalán entre los colectivos de inmigrantes a través de ofertas de cursos temáticos. Exigir el requisito lingüístico imprescindible del dominio del catalán a los trabajadores públicos. Asegurar el catalán como lengua vehicular en la educación y garantizar derechos lingüísticos.

Potenciar el catalán como lengua común y preferente para frenar su retroceso con una política que respete la diversidad lingüística.

Estimular a las empresas para establecer un equilibrio de mujeres y hombres. Publicar estadísticas de contratación y de salarios por sexos. Aprobar una Ley Trans que reconozca el derecho a la libre autoidentificación de género.

Línea específica de créditos para mujeres que pongan en marcha un proyecto empresarial con sede fiscal en Catalunya. Que el permiso por nacimiento de la persona progenitora no gestante no sea obligatoriamente simultáneo con el de maternidad. Cláusulas de género preceptivas en la contratación pública. Asistencia letrada a la hora de formular la denuncia por violencia machista.

Creación de la consejería de Igualdad y Feminismos para que las políticas contra la principal causa de discriminación sean transversales y vayan acompañadas de la dotación presupuestaria necesaria.

Hacer inspecciones laborales contra la brecha salarial y blindar a los juzgados especializados en violencia machista.

Crear una 'conselleria' de feminismos y LGTBI + para gestionar las políticas de igualdad de género, incrementar el presupuesto para este ámbito y hacer cumplir el 50% de paridad en los organismos de gestión de la administración pública, además de obligarlos a tener planes de igualdad.

No hay ninguna propuesta.

Combatir las diferencias salariales por razón de género, velar por una efectiva reducción de la brecha salarial. Incentivar el liderazgo femenino en el trabajo y en los medios de comunicación. Plan de prevención contra el acoso sexual en el transporte público.

Incluir cláusulas de paridad para las empresas candidatas tanto en los contratos públicos administrativos como en las licitaciones de obras públicas.